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¿Cómo se trata la hemofilia en México?

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El Consejo de Salubridad General (CSG) del Gobierno de México, publicó hace unos meses, la actualización del Protocolo Técnico de Atención de Hemofilia. en este se detallan las intervenciones y tratamientos asociados a la hemofilia, la cual es la enfermedad que ocasionan gastos catalogados como catastróficos. En esta actualización, por primera vez, se incluyen los tratamientos para las personas adultas, lo que constituye un avance hacia la cobertura universal.

El nuevo protocolo de atención a las personas que no cuentan con seguridad social

El protocolo funciona como base para la atención de las personas que no cuentan con seguridad social, es decir, todas aquellas que se atienden en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Estos deben indicar los requerimientos de insumos y medicamentos necesarios con base a este nuevo protocolo, en tanto que INSABI deberán contemplar en su planeación el financiamiento necesario para su implementación y para la eliminación efectiva de barreras de edad.

La hemofilia es un padecimiento de baja prevalencia, pero que tiene un alto impacto social. Así que es importante que estas personas cuenten con los tratamientos óptimos para alcanzar una mejor expectativa de vida con calidad.

Más de 5 mil personas presentan hemofilia en México

Según Minerva Cruz, presidenta de la mesa directiva de la Federación de la Hemofilia en la República Mexicana A.C., “la publicación del protocolo beneficiará a las personas con hemofilia, al ofrecerles los tratamientos de última generación y ampliación en la profilaxis. Este padecimiento está considerado como una enfermedad rara o de baja prevalencia, ya que se origina por una mutación genética donde la madre es portadora de la enfermedad y la hereda únicamente a varones”.

La Federación de Hemofilia en la República Mexicana A.C., cuenta con el registro de 5 mil 886 personas con la enfermedad en México. De este número, el 33 por ciento son personas sin seguridad social, que se atienden en instituciones públicas y que serían los principales beneficiarios de este nuevo protocolo.

 

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