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Los riesgos sociales, sanitarios y políticos de la obesidad

La obesidad no es solo un problema médico, en los últimos años ha alcanzado dimensiones de pandemia que afecta la salud pública en buena parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2016, el 39% de la población adulta tenía sobrepeso, de los cuales el 13% podrían considerarse obesos. En el caso de los niños las cifras son más alarmantes pues mientras en algunos países del mundo la desnutrición es la norma, 340 millones de niños sufren de sobrepeso u obesidad.

Aún cuando se trata de una condición prevenible, la obesidad es la comorbilidad más frecuente en padecimientos crónicos de manejo complejo como la HTA y la diabetes.

Y en los últimos años, se ha incrementado de forma alarmante, debido a los nuevos estilos de vida sedentarios que nos llevan a estar más tiempo sentados tras una pantalla, que realizando algún tipo de actividad física.

Sin embargo, la obesidad no es solo la consecuencia de la poca actividad. A nivel económico, el costo global de los precios de alimentos con alto valor calórico, procesados, ricos en grasas y azúcares; así como el incremento de los precios de frutas y verduras, también ha contribuido al problema.

Además de ello, se ha construido toda una cultura en torno a la comida rápida, cuyas publicidades, especialmente dirigidas a niños y jóvenes, no están sujetas a ningún tipo de regulación.

Otro de los inconvenientes, es que en la mayoría de los productos no se explican de forma clara la composición nutricional de los alimentos que ingerimos; bien sea por omisión de algunos componentes o por el uso de lenguaje excesivamente técnico que no aporta información real al consumidor respecto al valor nutricional de lo que está consumiendo.

Costes socioeconómicos

Dadas las consecuencias que tiene la obesidad a nivel social, ha pasado de considerarse un problema multidimensional. De hecho, a pesar de no ser una enfermedad, en los países europeos se considera una posible discapacidad.

En un artículo publicado por la EAE Business School, se estima que la obesidad cuesta aproximadamente 2 billones de dólares anuales, es decir el 2,8% del PIB mundial. Y no en costes médicos como podría pensarse, sino dada la caída de la productividad y las altas cifras de absentismo laboral de las personas obesas.

El peligro de declarar la obesidad como enfermedad es que con ello se justificaría la aplicación de métodos agresivos y cirugías, en personas que podrían bajar de peso mediante una alimentación balanceada y una buena rutina de ejercicio apegada a las directrices de la OMS.

Por supuesto, que existen casos en los cuales la intervención quirúrgica y farmacológica es necesaria para ayudar a los pacientes con desórdenes metabólicos y obesidad mórbida. Pero sabemos que no son la mayoría de los casos.

Además de los riesgos para la salud física que entraña la obesidad, no podemos dejar de lado los efectos en la salud mental. En una sociedad con cánones de belleza estrictos, en donde los modelos a seguir tienen cuerpos perfectos y atléticos, la obesidad es un estigma.

La solución pasa por profundos cambios en políticas públicas, en las que exista una mayor regulación de la industria alimenticia, se fomenten las actividades físicas en espacios públicos y se preste apoyo nutricional y psicológico a las personas obesas.

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