Para la correcta relación entre los profesionales de la salud y los pacientes hay una autoridad muy importante que actúa cuando hay complicaciones imprevistas, eventos adversos o presuntas fallas en la atención médica. Se trata de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y actualmente es una institución clave porque ofrece un mecanismo alternativo, especializado e imparcial para la resolución de conflictos.
Desde su creación en 1996 tiene el propósito fundamental de tutelar el derecho a la protección de la salud y mejorar la calidad de los servicios médicos, tanto en el sector público como en el privado. Su valor radica en que ofrece una vía alterna a los litigios judiciales tradicionales, los cuales suelen ser costosos, prolongados y desgastantes para ambas partes.
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CONAMED firma nuevo convenio con la SSA
Con este escenario, el día de hoy la Secretaría de Salud (SSA) anunció el fortalecimiento de la capacidad técnica para el análisis y resolución de controversias médicas mediante un convenio que incorpora la experiencia clínica, científica y académica de especialistas de los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia.
En la firma del documento participó el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que este instrumento permitirá aprovechar el conocimiento de profesionales de alta especialidad para contribuir a la integración de dictámenes médicos institucionales y proporcionar mayores elementos técnicos para sustentar los criterios utilizados en los procesos de arbitraje médico.
“Con la firma de este convenio se da un paso importante en favor de una atención médica más segura, una resolución de controversias mejor sustentada y un sistema de salud más justo, confiable y humano”, agregó.
El funcionario destacó que el acuerdo representa un avance en la integración institucional del sector, al propiciar la colaboración entre organismos que cuentan con amplia experiencia en los ámbitos clínico, científico y académico.
¿Qué actividades podrán hacer los médicos especialistas?
La participación de las y los profesionales tendrá carácter técnico, académico y consultivo. La elaboración y emisión formal de dictámenes, opiniones y resoluciones continuará bajo la responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), de conformidad con sus atribuciones.
El convenio fue suscrito por la CONAMED; la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); los institutos nacionales de salud; los hospitales federales de referencia, y el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM).
La comisionada nacional de Arbitraje Médico, Odet Sarabia González, explicó que las y los médicos especialistas podrán colaborar como asesores en el análisis de casos, la integración de dictámenes institucionales y la aportación de criterios técnicos para la elaboración de laudos arbitrales.
“Esta colaboración se desarrollará bajo los más estrictos principios de profesionalismo, imparcialidad y confidencialidad, a fin de brindar certeza y confianza a quienes participan en estos procedimientos”, comentó.
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Suma de esfuerzos individuales para lograr mejores resultados colectivos
El titular de la CCINSHAE, Carlos Arturo Hinojosa Becerril, destacó que el acuerdo permite poner a disposición de la CONAMED la capacidad instalada y los conocimientos de las instituciones de mayor especialización del país, así como aprovechar de manera responsable los recursos públicos.
“No hablamos únicamente de una colaboración administrativa, sino de la posibilidad de que la CONAMED cuente con conocimientos y experiencia de los más altos niveles de especialización para realizar análisis sólidos, oportunos y con mayor respaldo técnico”, dijo.
Por su parte, el presidente del CONACEM, José Ignacio Santos Preciado, afirmó que la certificación acredita que las y los especialistas cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas, pericia y principios éticos necesarios para ejercer su profesión con responsabilidad.
Con este acuerdo, la SSA articula las capacidades técnicas y profesionales de sus instituciones para fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, brindar mayor certeza en la atención de controversias médicas y contribuir a una práctica médica segura, actualizada y sustentada en evidencia científica.
