El campo de la salud en nuestro país enfrenta momentos complicados y no sólo se trata de la pandemia. La violencia es otro aspecto que se ha incrementado en años recientes hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. Donde se aprecia con mayor claridad es en las zonas rurales en donde las agresiones contra los médicos son una constante. En ocasiones anteriores te hemos informado que este inconveniente ha provocado una huida masiva de doctores en la Sierra de Guerrero. Mientras que en Chihuahua ni siquiera con un incentivo económico se ha conseguido que los galenos acudan a las áreas alejadas de las grandes ciudades.

El tema de las agresiones a profesionales de la salud resurgió hace unos días a partir de un caso en particular. Se trata del asesinato de la estudiante de Medicina Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en la Clínica de la colonia Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en Chiapas. Es un hecho que ha provocado indignación dentro y fuera del gremio. El feminicidio permanece impune hasta estos momentos.

La violencia dentro del campo de la salud

Por lo anterior, el titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer, afirmó que se mantendrá una postura de cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres.

También dijo que la dependencia que encabeza va a continuar con su compromiso para erradicar las conductas como el hostigamiento y el acoso sexual.

Recordó que el pasado 30 de marzo de 2020 publicó un comunicado que, con apego a las leyes y tratados internacionales sobre violencia y conductas éticas de la administración pública, incluye diez compromisos y un exhorto a todas las personas funcionarias públicas para erradicar estas manifestaciones de violencia.

Entre esos compromisos se incluye la transparencia y la rendición de cuentas sobre el actuar de las personas servidoras públicas; la aplicación del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual; la promoción de la sensibilización y capacitación; la promoción de una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia; el fortalecimiento de las capacidades de las personas servidoras públicas para identificar conductas de hostigamiento y acoso sexual, entre otras.

Terminar con las agresiones contra las mujeres

El combate a la violencia, la desigualdad y la discriminación requiere un compromiso permanente de toda la sociedad con la eliminación de todas las conductas que transgreden la integridad y la dignidad de las personas y atentan contra sus derechos humanos.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define al hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa a través de conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Añadió que también se dispone de la NOM 046 – SSA2 – 2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, que dicta estándares para la atención oportuna de la violencia sexual.

En ese sentido, todas las secretarías de Salud estatales están obligadas a ejecutar un Programa de Prevención y Atención a la Violencia de Género y tienen protocolos establecidos para la garantía de la atención inmediata de las usuarias y su seguimiento en los Servicios Especializados de Violencia.

Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, mantiene la supervisión, monitoreo y colaboración conjunta para la operación de servicios especializados, con particular énfasis en la atención oportuna de la violencia sexual, en apego a lo establecido en la NOM 046 y la Ley General de Víctimas.

A partir de todo lo anterior se busca acabar con cualquier tipo de violencia contra la mujer o simplemente agresiones de cualquier tipo. Todo esto con el objetivo de que casos como el de Mariana ya no se vuelvan a repetir.