Aunque en febrero pasado la Organización Médica Colegial de España pidió que el laboratorio alemán Grünenthal fuera declarado “non grato” en el país si incumplía con sus responsabilidades para con los afectados por el uso de talidomida en la década de 1960 (fármaco que se usó para tratar los vómitos de las embarazadas y que causó graves malformaciones en bebés), el caso aún está en manos del Tribunal Constitucional y la compañía sigue invirtiendo en congresos y reuniones para que los médicos se capaciten.

En 2015 Grünenthal pagó a unos 5 mil 500 galenos 3,13 millones de euros por concepto de ayudas para congreso, reuniones profesionales y prestación de servicios a la compañía, por ejemplo por elaboración de reporte, ponencias y asesorías. Asimismo, los medios aseguraron que desembolsó 1,1 millones de euros a 160 organizaciones en donaciones y para sufragar eventos, pero se niega a indemnizar a los afectados que ganaron el primer juicio en España en 2013, en el que se le ordenó pagar 20 mil euros por cada punto porcentual de minusvalía producido por el fármaco.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclamaba una indemnización total de 204 millones para 400 afectados, pero ante los recursos interpuestos por la farmacéutica la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo determinaron que no debía pagar porque el caso había prescrito.

No obstante, en marzo pasado los afectados interpusieron un amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual asegura que el daño causado no puede haber prescrito, ya que para considerar el tiempo transcurrido se  tomó como punto de partido 2008 en lugar de 2010, que fue cuando se obtuvieron los informes médicos que establecían la probable relación entre los daños y el consumo del medicamento.

La negativa de la farmacéutica a indemnizar a los afectados ha disgustado al sector médico, pues el mismo Ministerio de Sanidad y comunidades reunidas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobaron una declaración de apoyo a los afectados por la talidomida, la cual insta a Grünenthal a reparar el daño, “respetando las sentencias que emiten los tribunales, pero considerando que no resulta justo que en otros países europeos estos afectados hayan sido indemnizados”, y en España no.