Luego de revisar 121 expedientes, autoridades de salud informaron que no han encontrado evidencia de la aplicación de quimioterapias falsas en Veracruz, por lo que solicitaron al gobierno estatal que presente las pruebas para sustentar sus acusaciones.

Sin embargo, horas después de estas declaraciones, las cuales sugieren que no hubo negligencia durante el gobierno de Javier Duarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes respondió enfáticamente que sí tiene las pruebas necesarias que respaldan dichas acusaciones.

Tenemos la declaración de Grupo Roche realizada el mes de julio de 2010 cuando dijeron que el medicamento que habían enviado (Avastín) no era un fármaco, ya que no contenía el principio activo.

También señaló que tienen otra evidencia, correspondiente a octubre de 2011 “cuando se descubrieron 35 muestras del mismo medicamento, de las cuales 14 se enviaron a analizar a Grupo Roche y ellos dijeron lo mismo: que no contenían principio activo. De este caso tenemos el documento mediante el cual sabemos que la Cofepris fue notificada pero jamás de pronunció al respecto. Desde esa fecha la Cofepris sabe de este tema”, declaró el gobernador de Veracruz, contradiciendo así lo dicho por el titular de la Cofepris, quien aseguró que ni la institución a su cargo ni la Secretaría de Salud federal habían recibido una denuncia tiempo atrás.

Previamente, la Ssa de la mano de José Narro Robles declaró a través de una conferencia de prensa que “desde el pasado 18 de enero brigadas de la Cofepris han tenido presencia permanente en Veracruz para investigar los hechos referidos, a través de una auditoría profunda a cada uno de los establecimientos de salud de la entidad relacionados con el caso”.

La Cofepris y la SSa federal mencionaron que han revisado 121 expedientes clínicos de 2011 a 2016 y hasta el momento no ha sido localizada alguna prueba de que se haya administrado medicamentos falsos, aunque aclararon que sí encontraron evidencia de un medicamento que fue falsificado, pero que no fue administrado a ningún paciente.

Mientras tanto, la Ssa federal entregará el reporte al Ministerio Público de la federación y al Órgano Interno de Control para que finquen responsabilidades a los funcionarios que desde 2011 estuvieron a cargo de la compra y distribución de medicamentos en Veracruz.