Derivado de diferentes acuerdos internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en el año de 1992, lo siguiente:
Un medicamento falsificado es aquel etiquetado incorrectamente de manera deliberada y fraudulenta en su naturaleza y su origen. La falsificación se puede aplicar a productos de marca y genéricos e incluso los productos adulterados pueden contener o no los
ingredientes correctos. También, pueden no contener ingredientes activos o una cantidas insuficiente.
Estas palabras fueron la primera revisión a nivel internacional emanada como resultado de una serie de convenciones que tenían a bien establecer un marco normativo en la materia.
Con esa definición, el día de hoy se cumplen tres años de la operación “Convector” en España que descubrió una red de trafico ilícito de medicamentos en laboratorios de la península ibérica que fueron distribuidos a otros países de la Unión Europea (UE).
No obstante el recuento histórico, esta fecha se podría convertir en una anécdota más, pues, el pasado 2 de febrero, el juez Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional comunicó la presunta inocencia de 50 personas inculpadas por el delito de tráfico ilícito de sustancias farmacológicas.
La decisión fue tomada el pasado miércoles después de la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes y a partir de la valoración sistémica de cada caso.
La instigación de la trama Convector comenzó en 2014 como resultaso de los datos recogidos por la Guardia Civil en la Operación Caduceo sobre tráfico ilegal delinientos. Inicialmente, instruido por el juzgado número 3 de Teruel, acabó en la Audiencia Nacional que ahora lo ha desechado de plano.
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