Con la finalidad de salvaguardar la calidad educativa de los estudios de posgrado en medicina en México, la diputada María Elena Orantes Lopez del partido Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Protección Civil, dio a conocer una iniciativa que reformaría la Ley General de Salud para evitar que los médicos sean estafados por instituciones de dudosa calidad.

La legisladora argumentó que la mala calidad de algunos programas de posgrado puede  ocasionar condiciones inaceptables para la atención de los pacientes y propicia procesos judiciales.

Una gran cantidad de profesionales de la salud son sancionados por ejercer una especialidad que no está perfectamente validada ante ningún colegio de médicos o institución de salud, tanto en términos académicos como legales.

La diputada destacó que ante esta problemática, las autoridades educativas estatales no cuentan en algunas ocasiones, con las herramientas necesarias para determinar si un programa de posgrados en medicina ofrece o no los elementos más importantes para asegurar la integridad de los pacientes, avalando, sin que necesariamente se registre una irregularidad, programas y certificaciones que pueden poner en peligro la vida de miles de personas.

Hemos detectado que existen programas de maestría en línea o semipresencial para cirugía estética. Pero lo más grave de todo es que estos cursos son avalados por algunas autoridades locales y que al no cumplir con los requerimientos mínimos, como el ser impartidos en hospitales, no son reconocidos por ningún Consejo Médico de Especialidad y en consecuencia, los médicos que toman esos cursos no deberían realizar cirugías estéticas. Sin embargo, por lagunas legales en la coordinación de autoridades, estos doctores realizan dichos procedimientos poniendo en riesgo la vida de las personas.

María Elena Orantes Lopez detalló que por cada cirujano plástico o estético capacitado adecuadamente, existen 15 personas que presumen ser especialistas sin serlo. Estos pseudo profesionales aplican productos de cocina, de autos, entre otros productos en sus cirugías lo que puede provocar enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.       

La funcionaria informó que entre 2012 y febrero de 2015, la Cofepris realizó la suspensión de 412 consultorios porque los médicos cirujanos  que atendían tales establecimientos no estaban adecuadamente certificados.

No contaban con cédulas médicas ni licencias sanitarias.