En la máxima tribuna de San Lázaro, el diputado Carlos Gutiérrez García, dio a conocer una iniciativa con la finalidad de reformar los artículos 41 de la de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

El legislador del partido Nueva Alianza mencionó ante el pleno de la Cámara de Diputados que deben actualizarse las leyes a la realidad actual y terminar con la iniquidad en la repartición de recursos.           

Sostuvo que la sociedad se siente ultrajada ante los grandes presupuestos destinados para el financiamiento de agrupaciones partidistas, por lo que envío la propuesta a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

En tanto, la diputada María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que expide la Ley del Fondo para la Restauración de México, a fin de reparar las viviendas dañadas de las víctimas de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre.

El fondo prevé diseñar un Plan Nacional de Auditoría Urbanística, con la finalidad de auditar el territorio nacional, su ocupación y los riesgos que impliquen, iniciativa que se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, la diputada Ana Guadalupe Perea, de Encuentro Social, planteó modificar el Artículo 37 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir en el Presupuesto de Egresos previsiones del Fondo para la Prevención de Desastres, así como el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural, que se apliquen medidas preventivas.

Informó que el objetivo es contribuir a la reconstrucción y reactivación de la economía en las regiones afectadas, iniciativa que se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Mientras a las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social se turnó iniciativa suscrita por diversos integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud, 28 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 90 de la Ley del Seguro Social. Ello para establecer la obligación explícita de las instituciones de salud para implementar mecanismos que garanticen la existencia y suministro de medicamentos a la población.