Un jurado del estado de Missouri ordenó pagar a una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo la estratosférica cantidad de US$72 millones, para reparar los daños a la familia de una mujer cuya muerte por cáncer de ovario estaría relacionada con el uso de talco para bebé, producto que usó por 35 años.
Jackie Fox, oriunda del estado de Alabama, falleció el año pasado a los 62 años, tras haber utilizado un talco para bebés entre otros productos para la higiene femenina.
Johnson & Johnson actualmente cuenta con cientos de demandas millonarias, debido a que por varios años se trató de advertir a los consumidores que las sustancias de algunos de sus productos podrían causar cáncer.
“Los miembros del jurado encontraron a Johnson & Johnson como responsables de fraude , negligencia y conspiración” indicó Jere Beasley, abogado de la familia quien se encuentra participado en el juicio.
Por su parte J&J ha negado las acusaciones en su contra y dieron conocer que analizarán su próxima estrategia legal. Al respecto, Carol Goodrich, quien es portavoz de la farmacéutica, informó que el veredicto del jurado “va contra décadas de evidencia e investigación que respaldan la seguridad del talco como ingrediente cosmético”.
Jere Beasley comentó que este problema ya se conocía desde la década de 1980, “sin embargo, la empresa decidió mentir al público y a las agencias reguladoras”.
Durante el juicio, los abogados de la familia Fox introdujeron como evidencia un memorándum interno de un consultor médico de la empresa de 1997 que decía que “cualquiera que niegue los riesgos” entre el uso de talco y el cáncer de ovario sería percibido públicamente como aquellos que negaban el vínculo entre el tabaquismo y el cáncer.
De igual forma, los abogados acusadores enseñaron al jurado algunos estudios realizados por Daniel Cramer, profesor de la Universidad de Harvard, de los cuales el último fue publicado en diciembre del año pasado. En tales investigaciones el académico asoció al talco con un aumento del 33% en el riesgo de cáncer de ovarios. “La empresa conocía detalladamente estos estudios desde hace 30 o 40 años” señalaron los abogados.
Los cargos contra la compañía son por sacar al mercado un producto “irracionalmente peligroso sin alertar a los consumidores”, indicó Beasley.
