En las afueras de Tel Aviv, en https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpg, se desarrolla un drama protagonizado por médicos y pacientes en medio de un contexto político complicado por la Ley de Alimentación Forzada.

En agosto pasado dos hombres palestinos, de 19 y 29 años de edad, Anas Shadid y Ahmad Abu Farah, respectivamente, fueron retenidos en este país sin cargos ni juicio en una “detención administrativa”, pero un mes más tarde iniciaron huelga de hambre y se negaron a someterse a exámenes médicos.

El caso recordó que esta ley, aprobada en julio de 2015, obliga a que los médicos efectúen la alimentación forzada de los huelguistas, no obstante, el Estado no ha hecho uso de ella.

Con una orden judicial las autoridades obligarían a los galenos a alimentar por la fuerza o a tratar a estas personas con infusiones y mediante sondas.

Se preve que el Estado acuda a los tribunales cuando el personal médico crea que la vida de los individuos está en peligro y se nieguen a recibir alimentos o tratamiento, sin embargo, los profesionales de la salud creen que la media viola el principio de autonomía del paciente y constituye un trato degradante que bien podría considerarse tortura, ya que se considera el uso de la fuerza y amarras para someterlos a tratamiento que puede durar varios días.

La práctica israelí de la detención administrativa puede llevar a la retención indefinida de los palestinos, lo que ha ocasionado huelgas de hambre en las que la gente incluso se abstiene de beber agua. En estos casos, los médicos recurren al diálogo permanente para hacerle comprender a los pacientes las consecuencias de cualquier tratamiento.

Según investigaciones de Médicos por los Derechos Humanos de https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpg, el personal de salud se ha pronunciado en contra de la presión del sistema para romper las huelgas de hambre y castigar a los huelguistas, si bien los comités de ética hospitalarios han garantizado el permiso para que los médicos lleven a cabo la alimentación forzada.

En este contexto, la postura de los galenos que se niegan a contravenir los principios de la ética médica y violar los derechos humanos básicos parece ser respetada por el Estado de https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpg que aún no ha hecho uso de la Ley de Alimentación Forzada.

La mencionada legislación ha encontrado objeciones por parte de la Asociación Médica https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpgí y el Consejo de Bioética de https://www.saludiario.com/wp-content/uploads/2015/12/8f6d71a5-bigstock-human-brain-and-computer-chip-39563953-1-e1464383720513.jpg, no obstante, el Ministerio de Salud la ha apoyado.

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