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El fracking, también conocido como fractura hidráulica, es una técnica que se basa en perforar el suelo para llegar a profundidades de hasta 5.000 metros; una vez allí, se inyecta en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y cientos de sustancias químicas para extraer el gas natural.  Estos ingredientes preocupan a los ecologistas por su daño al medioambiente, pero también son nocivos para la salud. Sin embargo, el riesgo cero no existe, y así lo demuestran los numerosos vertidos industriales que han provocado auténticas catástrofes ambientales, y en ocasiones también graves problemas de salud a la población cercana al siniestro.

Cabe anotar que al menos 100 de los más de 750 compuestos químicos que se emplean en la fractura hidráulica, son conocidos por sus efectos hormonales para el ser humano, incluso en dosis muy bajas. Los especialistas advierten de su conocida capacidad como disruptores endocrinos. Es decir, en contacto con las hormonas del organismo humano, estas sustancias son capaces de alterar funciones sexuales, reproductivas, causar infertilidad, anomalías genitales, e incluso diabetes y algunos tipos de cáncer.[1]

Dentro de las grandes consecuencias para el medio ambiente se menciona el deterioro de la calidad del agua como evidencia real de contaminación del agua, adicionado en una proporción de un 87% sobre la calidad del aire con emisiones contaminantes significativas y el 84% sobre riesgos a la salud humana indican daño potencial. En las regiones donde se practica el fracking intensivo se registran riesgos reproductivos, como bajo peso de neonatos y nacimientos prematuros. Otra sintomatología es la perturbación del sueño en la población expuesta, además de una mayor ocurrencia de migrañas, irritación de garganta, estrés/ansiedad, tos, falta de aliento, sinusitis, fatiga, náuseas y asma.

En Colombia, como a nivel mundial, es notable que el desarrollo de la estimulación hidráulica está influenciado principalmente por factores económicos y políticos. Actualmente seis departamentos cuentan con bloques, cuyos contratos de exploración y producción hacen parte de los PINE, siendo prioridad económica para el Estado, recursos que a partir del Sistema General de Regalías serán destinados a inversión social y posconflicto.

Pero, la gran pregunta debe ser ¿Qué les espera a los colombianos si se implementa esta actividad extractiva, que supone graves riesgos para los ecosistemas, los ríos, las aguas, las personas, los territorios y los medios de vida de las comunidades? El daño, sin lugar a dudas, podría ser irreparable, considerando que estas afectaciones trascienden la escala temporal de la vida humana y ecosistémica. 

La ejecución de este tipo de extracción trae varios riesgos sísmicos para Colombia, ya que tiene una geología constituida por varios sistemas de fallas donde particularmente las mayores reservas de esta clase de recursos están en zonas de alta y media sismicidad. Una tendencia mundial que debe ser tenida en cuenta en el contexto colombiano es la evaluación de otras técnicas para la explotación de gas no convencional que no afecten el recurso hídrico tan significativamente.

[1] (Valeiro, 2013)  

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