Duarte heredó a Veracruz violación de derechos sexuales y reproductivos

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En agosto de 2016, el ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa promulgó una reforma antiaborto que había sido aprobada en el mes de julio del mismo año por el Congreso de Veracruz, la cual estaba presuntamente encaminada a “proteger y salvaguardar el derecho a la vida”, sin embargo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha concluido que con ella solo se favorece la discriminación y la violación de los derechos de la población femenina en el estado.

De acuerdo con información difundida por Animal Político, de continuar con la criminalización del aborto, Veracruz de Ignacio de la Llave se convertirá en los próximos meses en la primera entidad mexicana en sumar dos alertas por violencia de género, una de noviembre pasado por violencia feminicida, y ahora una más por violencia sexual y reproductiva.

La publicación ha señalado que desde abril de 2016 organizaciones civiles acudieron a la Conavim para denunciar la afectación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con los cambios jurídicos, no obstante, fue hasta este año, el pasado 10 de marzo, que la Comisión confirmó que tales políticas públicas obstruyen las mencionadas garantías.

Con este reconocimiento de la Conavim, la cual depende de la Secretaría de Gobernación, el Congreso estatal tendría que modificar el artículo 149 del Código penal del estado para despenalizar el aborto antes de la semana 12 de gestación, así como los artículos 150 y 154d para definir las situaciones que excluyen de responsabilidad penal en el delito de aborto, como violación o causas involuntarias.

De aceptar estas recomendaciones, el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes tendría hasta seis meses para hace los ajustes a la Ley y evitar la segunda declaratoria de alerta de genero, si embargo, en caso de rechazarlas, ésta se emitiría el 24 de marzo próximo.

Actualmente, Veracruz es la quinta entidad en realizar más abortos ilegales a nivel nacional; las autoridades de salud no proporcionan servicios para la interrupción legal del embarazo a menos que haya mandato ministerial o judicial.

Imagen: Bigstock