No hace mucho tiempo las noticias en Colombia arrojaron que como parte de la investigación del llamado “Cartel de la Hemofilia”, otro implicado se sumaba a la lista de presuntos delincuentes que lucraban con esta enfermedad que requiere de, en muchas ocasiones, fuertes sumas de dinero para sostener su tratamiento.

Historia

La historia se comenzó a dilucidar luego de que la situación fue verdaderamente insostenible. En el año 2016, autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) en Colombia dieron a conocer el uso excesivo de recursos públicos destinados al financiamiento del sector salud en una parte específica del territorio colombiano: El departamento de Salud en Córdoba.

Desde aquél entonces se alertó que se llevaría a cabo una inspección minuciosa para contrastar los datos presentados por las autoridades sanitarias en el nivel local, con la aplicación práctica en los pacientes señalados como “hemofílicos”.

Los resultados fueron contundentes:

Se estaban utilizando a personas para que fingieran padecer de esta grave enfermedad con la intención de hacer los cobros por concepto de medicamentos. Situación, no contemplada dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) del sector salud en la localidad.

La operación criminal consistía en que posterior al cobro para dichos “medicamentos”, el dinero era redistribuido entre “pacientes” y varios funcionarios públicos del Gobierno Municipal de Córdoba, que lideraba en ese entonces entonces Alejandro Lyons Muskus.

El Monto:

De acuerdo con la información depositada en un artículo publicado por la cadena radiodifusora Caracol Radio, la CGR señaló una pérdida de poco más de 50 mil millones de pesos distribuidos en las siguientes líneas criminales:

• Falsos pacientes;
• Medicamento inexistente; y
• Sin justificación administrativa.

En apariencia, el crimen era perfecto, pero fue tan descarada la planificación del Cartel de la Hemofilia que las autoridades sanitarias a nivel nacional detectaron, por ejemplo, que en menos de un año, los pacientes con Hemofilia en esa región de Colombia, pasaron de ser 41 a casi 90. Una estadística que preocupó al Ministerio de Salud, al considerase una enfermedad poco frecuente.

Al realizarse las entrevistas a a varios de los “pacientes” se logró comprobar que muchos de estos ni siquiera existían y algunos de ellos había recibido ningún medicamento.

La investigación se mantiene fresca y siguen registrándose nombre, por lo que no sería descabellado que más funcionarios salgan a la luz como parte de un Cartel que lucró con una de las enfermedades más sensibles que existen actualmente.

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