En octubre de 2004, una paciente fue diagnosticada con hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco Suárez”, donde le colocaron una válvula cerebral, denominada Pudenz.

Sin embargo, la válvula no funcionó y en diciembre de ese año le implantaron un nuevo dispositivo llamado sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo. A pesar de que los médicos le aseguraron que podría realizar su vida con normalidad, la salud de Yolanda Guerrero no mejoró, pues dijo sentirse cansada, mareada y en algunas ocasiones, ha perdido la conciencia. 

Más tarde, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) dio a conocer que de 1993 a 2006, el INNN implantó alrededor de 473 sistemas de derivación en sus pacientes con hidrocefalia, dispositivos que aún se encontraban en etapa experimental.

El caso fue acreditado por la propia Conamed y la Comisión de Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes reconocieron que los pacientes con problemas de hidrocefalia no sabían que les estaban colocando el dispositivo, el cual todavía no estaba autorizado para su uso en seres humanos.

De esta forma, recientemente Yolanda Guerrero exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe en contra del INNN.

Daños irreversibles

La organización Centro de Comunicación Social (Cencos) indicó que los daños a estas personas son irreversibles puesto que el implante se encuentra “encarnado” en el cerebro causando fuertes dolores de cabeza, dificultades para dormir e inestabilidad en el cuerpo.

En compañía de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Yolanda Guerrero Caballero, una de las más de 500 víctimas, hizo hincapié en que la PGR ha sido omisa ante las denuncias impuestas por las víctimas, esto a pesar de que Conamed y Cofepris reconocieron el mal manejo médico del INNN, donde se desempeñaba como presidente del Consejo Técnico el doctor Julio Sotelo Morales, creador del dispositivo.

El galeno violó la fracción 5 del artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, la cual señala que debe haber “consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal”.

En 2009, la Conamed dictaminó que este dispositivo fue instalado en fase experimental, sin protocolo de investigación vigente y sin contar con autorización sanitaria.

La afectada recriminó a las autoridades la falta de justicia y la violación de los derechos humanos de los pacientes mientras que Sotelo Morales sigue desempeñándose en cargos públicos.

Imagen: Redes Sociales