El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado de la República que contenía el veto presidencial a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el cual se eliminó la obligación para que la iniciativa privada presente sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de interés al firmar contratos con el Estado.
Tras cuatro horas de debate con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, el dictamen finalmente fue enviado al Poder Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
No obstante, cabe recordar que el 17 de junio pasado en entrevista con Radio Fórmula, el vice coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Romo Medina, afirmaba que, para evitar las confusiones en relación con la Ley 3de3, se planeaba la posibilidad de que el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas precisara y aclarara la definición acerca de quienes estarían obligados a presentar su declaración.
Sin embargo, el 23 de junio pasado, días después de que el Congreso de la Unión aprobara las siete leyes del SNA, el presidente Enrique Peña Nieto decidió vetar 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellos el 32, para eximir de la obligación de presentar las declaraciones 3de3 a los particulares que firmaran contratos con cualquiera de los tres niveles de gobierno (local, estatal y federal), por considerar que éste contenía incisos que podrían interpretarse como que los beneficiarios de programas sociales y culturales, así como empleados de estas empresas particulares tendrían que presentar sus declaraciones.
Aunque en su momento Romo Medina aseguró que la Ley 3de3 no era general, “ni para la burocracia municipal, federal o estatal”, porque, por ejemplo, “sería absurdo pedirle a un trabajador de limpia que presente una declaración patrimonial y la ley es clara en ello”, a principios de julio el grupo parlamentario del PRD en el Senado dio a conocer que tanto médicos como enfermeras, contadores y otros servidores públicos de los tres niveles tendrían que hacer sus declaraciones en 2017.
Por ello, tras la eliminación del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sólo queda claro que trata de evitarse daños a los empresarios, pero queda duda sobre qué pasa con los empleados comunes y corrientes del estado, qué conflictos de intereses podría tener, por ejemplo, la planta operativa de médicos y enfermeras que se dedica a atender pacientes en los hospitales y clínicas del IMSS para tener que hacer sus declaraciones 3de3, situación que es completamente distinta a la de un director de nosocomio.
Las modificaciones a la Ley 3de3 han sido aprobadas dejando inconformidad a su paso pero, sobre todo, lazando una gran interrogante al aire: ¿qué método garantizará que los funcionarios que sí pudieran tener conflictos de intereses presenten información real en sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses?
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