La inseguridad en diferentes partes de México ha ocasionado que el gremio médico tome en sus propias manos el salvaguardar su integridad física.

Tal es el caso de un grupo médicos residentes pertenecientes al IMSS en Guadalajara, Jalisco, quienes tomaron la decisión de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), debido a que, presuntamente, son obligados a firmar su consentimiento para ser enviados a zonas dominadas por la violencia, concretamente en los estados de Michoacán, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí. 

De acuerdo con lo expresado por los residentes, quienes pertenecen al área de urgencias médico-quirúrgicas, fueron avisados apenas con unas cuantas horas de anticipación que serán enviados a los estados ya mencionados, donde dijeron, hay una alta prevalencia de delitos asociados con el crimen organizado, por lo que aseguran que no firmarán el acuerdo del IMSS. 

En Michoacán nos quieren ubicar en municipios cercanos con el Estado de México; en Zacatecas, el IMSS nos quiere en los límites con Durango, donde no existe el estado de derecho. En el caso de San Luis Potosí, el Seguro Social nos quiere ubicar en los límites con Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, dieron a conocer que, en caso de negarse a firmar, el IMSS advirtió que les cancelaría la residencia médica, sin importar que lleven dos años de actividades en esta institución. 

Cabe mencionar que la queja colectiva la interponen 18 doctores de la clínica 46; 9 residentes de la clínica 110, y 10 médicos de la clínica 180.

Médicos residentes inconformes

Es preciso recordar que a finales del año pasado, médicos residentes y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tomaron las calles de la ciudad y las instalaciones escolares de la casa de estudios para exigir más seguridad, principalmente en la sierra.

Varios de los médicos inconformes denunciaron que todos los días están expuestos a la violencia e incluso, que los grupos delictivos están presentes en las propias instalaciones donde laboran.

Mencionaron que están expuestos a balaceras y que debido al secuestro del director de la clínica del poblado de Gómez Farías, al menos seis estudiantes tuvieron que abandonar sus puestos y salir del pueblo para regresar a la ciudad.