A pesar del derecho a la salud, los derechos reproductivos y los compromisos internacionales, uno de los mayores problemas de salud en México es la mortalidad materna.
Aunque las parteras profesionales forman parte de los profesionales de la salud que apoyan con sus conocimientos el derecho a la salud de la mujer durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, lo cierto es que el gobierno mexicano no ha desarrollado un programa que impulse la profesión de la partería.
Datos de la Secretaría de Salud mencionan que en 2016, ocho estados de la República sólo contrataron los servicios de 43 parteras profesionales. Chiapas contrató a 2, Chihuahua 3, Guerrero 10, Puebla 2, Querétaro 11, San Luis Potosí 4, Tabasco 3 y Veracruz 8.
Sin embargo, la mayoría de estos contratos no rebasan los 10 meses. Además, del 2011 al 2016, únicamente Guerrero y Puebla son las entidades más constantes en la contratación de parteras. En este mismo periodo, Campeche, Chihuahua, Oaxaca y Querétaro sólo realizaron contrataciones de un año.
Lo cierto es que en México no existe una política sólida que ayude a incorporar la profesión de las parteras en el sistema nacional de salud, principalmente, en el apoyo de la salud materna.
De acuerdo con la investigadora Daniela Díaz Echeverría, de la organización Fundar, este fenómeno coexiste con la falta de participación ciudadana, de transparencia y rendición de cuentas, lo que cual podría agravarse con el reciente recorte al presupuesto de salud (con una disminución del 10.34 por ciento en salud reproductiva).
