Una mujer de 41 años, madre de dos hijos, quedó embarazada sin desearlo, no obstante, tras consultar a un psicólogo, decidió abortar, pero para lograrlo tuvo que visitar 23 hospitales y pedir ayuda a un sindicato de trabajadores.

Pese a que en Italia la llamada “Ley 194” autoriza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los primeros 90 días de gestación por razones de salud, sociales, económicas o familiares y, después de este periodo, por causas terapéuticas ligadas a enfermedades en el feto o peligro para la madre, esta mujer de Padua, de la que se ha preservado su nombre, tuvo que apoyarse en uno de los sindicaros más grandes del país para obtener el servicio.

La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) hizo eco a su demanda en Twitter hasta que consiguió interrumpir el embarazo en el hospital de la mencionada ciudad, curiosamente, fue el primer nosocomio al que ella recurrió y donde no se le brindó la atención demandada.

Aunque el acceso esta práctica médica está garantizado desde 1978 en este país europeo, el artículo noveno de la “Ley 194” establece que ginecólogos, anestesiólogos y enfermeros pueden negarse a practicar abortos por razones de conciencia, si bien el centro médico debe garantizar el servicio, el cual sólo puede llevarse a cabo en hospitales públicos.

Ausencia de personal por vacaciones y médicos objetores de conciencia, fueron las excusas que presentaron 23 nosocomios de Véneto,  Friuli-Venezia Giulia y Trentino Alto Adige para no atender a la mujer.

En Italia, la práctica de abortos se ha reducido considerablemente en los últimos años, mientras que la mayoría del persona es objetor de conciencia de esta práctica médica, por lo que resulta una traba frecuente para aquellas mujeres que no desean continuar un embarazo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 2013 y 214 siete de cada 10 médicos ya eran objetores de conciencia al aborto, aunque en algunas regiones como Molise y Basilicata el número es superior, de 9, motivo por el que la Unión Europea ha pedido a Italia solventar “las deficiencias” en la prestación de este servicio que, en palabra de la afectada, da muestra de “falta de profesionalismo y de humanidad”.

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