La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018-2019) ha arrojado datos de que el sector público no ha podido garantizar la protección universal de la salud en México y es que existen personas que no cuentan con alguna afiliación o programas de salud pública y, de igual forma, no todos los afiliados acuden al servicio público para recibir atención médica.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el Servicio Médico Siglo XXI o Seguro Popular son las instituciones que cuentan con mayor cobertura de salud en el país con 36,7%, 6% y 37,4%, respectivamente. Aunque concentran a más de la mitad de la población, es cierto que el 16,9% de las personas en México no cuenta todavía, con cobertura de salud por parte de ninguna institución.
El 36,8% de los usuarios decidió acudir al sector privado
Es por eso por lo que la atención médica ofrecida en clínicas y hospitales públicos no ha logrado abarcar a la totalidad de sus afiliados. Entre el año 2018 y 2019, un porcentaje muy importante de la población buscó la atención en servicios de salud ambulatorios de otras instituciones.
El ISSSTE atendió, en sus instalaciones, al 57,7% de sus afiliados, mientras el 36,8% decidió acudir al sector privado y solo el 5,5% optó por la atención médica ambulatoria en otra institución pública. En el caso de Seguro Popular, la cobertura de sus afiliados es la más baja y el 42,7% acudió al servicio médico privado y el 4,1% lo hizo en otra entidad pública.
Se debe asignar el presupuesto suficiente al sector salud
Tal y como ha determinado Sergio Bautista Arredondo, director de Economía en la Salud e Innovación del INSP, “hay una demanda por atención privada, manifestada principalmente en consultorios aledaños a farmacias, que nos habla de que está fallando la calidad o está fallando la oportunidad o está fallando la calidez y tenemos que mejorar esto”.
Gracias a este estudio ENSANUT, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho saber a las autoridades de salud, así como a la Secretaría de Hacienda, la necesidad de asignar el presupuesto suficiente al sector de la salud, en el marco de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración. Sobre todo, destaca la urgencia de transitar a un sistema de salud que garantice los derechos humanos de todas las personas más allá de su situación laboral.
