Desde su precampaña rumbo a las pasadas elecciones federales, Andrés Manuel López Obrador prometió que retiraría los privilegios a los servidores públicos como parte de su programa de austeridad, por lo cual, al concretarse su triunfo, ratificó su anuncio y afirmó que alrededor de 500 mil funcionarios se quedarían sin su Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), lo que provocaría un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos anuales para el gobierno.
Pese a que la decisión ha sido celebrada por una parte de la población, si se analiza de forma más concreta la idea, ésta podría resultar contraproducente, pues incluso hay quienes prevén que los gastos secundarios causados por la medida sean mayores a los ahorros que se obtendrían.
Lo anterior se debe a que los 500 mil funcionarios, junto a un millón 500 familiares directos, que actualmente cuentan con un SGMM se quedarán sin dicha prestación, por lo cual ahora tendrán que pagar con su sueldo para ser atendidos en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Pero ahora el problema es que el ISSSTE tendrá un aumento inmediato de 2 millones de derechohabientes, por lo cual requerirá de un mayor presupuesto anual para cubrir con la demanda, por lo que se prevé que el impacto será de alrededor de 4 mil 800 millones de pesos adicionales que deberá aportar el gobierno.
De esta manera, al hacer las cuentas, la decisión tomada por el presidente electo de retirar los SGMM a servidores públicos tendría un ahorro inicial de 2 mil 700 millones de pesos al año para el gobierno, pero al mismo tiempo provocaría que se tendrían que aportar 4 mil 800 millones de pesos adicionales al presupuesto anual del ISSSTE, lo que al final deja un gasto extra de 2 mil 100 millones de pesos.
