En una decisión sin precedentes y que indudablemente tendrá fuertes repercusiones en nuestro país, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron una iniciativa, con 4 votos a favor y uno en contra, que otorga al Estado poder para intervenir por encima de autoridades médicas y padres de familia cuando la salud de un menor de edad se encuentre en peligro y requiera de atención.

Al respecto, el ministro Arturo Zaldívar, quien impulsó esta iniciativa, afirmó que a través de esta decisión se busca beneficiar la salud de los menores de edad y así evitar que se repitan casos como el de una niña de Chihuahua, quien padece de leucemia linfoblástica aguda pero es incapaz de recibir una transfusión sanguínea por cuestiones religiosas, pues sus padres son Testigos de Jehová.

El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad. En casos como el presente, esto se actualiza si los padres de un menor pugnan por un tratamiento alternativo: que no es viable considerar, debido a una situación de premura médica, o bien, que carece de un nivel similar o comparable de eficacia al del tratamiento convencionalmente indicado.

De igual manera, la resolución de las autoridades estipula que el tratamiento autorizado debe suministrarse bajo la estricta y minuciosa supervisión de especialistas en salud y otorgando siempre un trato digno, incluyente y respetuoso a los padres de familia.