Médicos de todas las latitudes se han preocupado y ocupado en prevenir enfermedades mediante la vacunación, por ello, es probable que no den crédito a lo que sucede en Chile, donda las Cortes de Apelación de las ciudades de Chillán y Arica admitieron tres recursos promovidos por activistas antivacunas.

En 2014 el Ministerio de Salud (Minsal) declaró obligatoria la inmunización contra virus del papiloma humano (VPH) a fin de prevenir el cáncer cervicouterino en las niñas, sin embargo, grupos antivacunas chilenos presentaron recursos de apelación para frenar su aplicación en los colegios de dichas ciudades.

El consultor en epidemiología de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de Salud (OMS/OPS), Roberto Águila, ha señalado que éste es un hecho inédito alrededor del mundo, pues advirtió que “en todos los países en que se incluye un esquema de vacuna, se convierte en un asunto de salud pública y, por tanto, es una obligación y derecho. Esta judicialización no se había visto en ningún otro sitio”.

Mientras los activistas han asegurado que insistirán en presentar recursos para evitar las vacunas, el experto de la OMS hizo hincapié en que “los movimientos antivacunas son una amenaza sanitaria. Los brotes de sarampión que están ocurriendo a nivel mundial están ocurriendo porque, justamente, hay personas que no quieren inmunizar a sus niños”.

Por su parte, Felipe González, vocero del Movimiento AntiVacunación, celebró que los tribunales de Arica y Chillán acogieran los requerimientos, ya que éstos fueron desechados en otras ciudades, como Santiago, la capital chilena.

En tanto, Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Minsal, explicó que hubo requerimientos de los tribunales para justificar la obligatoriedad de la vacuna, de modo que tienen ocho días para ofrecer la mayor cantidad de argumentos sanitarios.

Hasta ahora, los enfrentamientos entre grupos de padres antivacunas y personal médico que intenta aplicar la inmunización siguen presentándose ante la mirada atónita de la comunidad médica internacional.

¿Qué opinas?, ¿la autoridad mexicana aceptaría este tipo de controversias legales?, ¿puede esto convertirse en moda a nivel mundial?

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