Susan Monarez, exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), declaró ante el Senado que fue despedida por negarse a aceptar un cambio en el calendario de vacunación infantil promovido por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. La controversia revive debates sobre la influencia política en decisiones sanitarias y recuerda tensiones pasadas en torno a la seguridad de vacunas.
El caso Monarez-Kennedy: choque entre ciencia y política
La exdirectora de los CDC, Susan Monarez, testificó esta semana en Washington que Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos, intentó obligarla a respaldar una modificación en el calendario de vacunación infantil, alegando que “no había ciencia ni evidencia” que lo sustentara.
Monarez afirmó que Kennedy le pidió reunirse con el abogado antivacunas Aaron Siri y que, tras rechazar la solicitud, fue despedida apenas 29 días después de haber sido confirmada en su cargo. “Me despidieron por mantener la integridad científica”, dijo frente al comité de Salud del Senado.
La disputa ocurre en un momento crítico, pues el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) discute cambios en vacunas claves como hepatitis B, sarampión, paperas y rubéola. Uno de los puntos más polémicos es retrasar la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B de recién nacidos a los 4 años, pese a que los CDC reportan que el 98% de los bebés vacunados al nacer quedan protegidos contra infecciones crónicas.
Una crisis de confianza con paralelos en la industria farmacéutica
La confrontación entre Monarez y Kennedy se inserta en un historial de tensiones entre ciencia y política en salud pública. Un antecedente comparable fue el escándalo del antiviral Tamiflu en la década de 2000, cuando la compra masiva del fármaco por gobiernos, impulsada por el temor a una pandemia de influenza, se produjo sin que existiera suficiente evidencia clínica sobre su efectividad real. La posterior revisión de ensayos clínicos generó cuestionamientos sobre conflictos de interés y transparencia en la toma de decisiones sanitarias.
En ambos casos —el de Tamiflu y el actual en torno a las vacunas infantiles—, el factor común es el choque entre presiones políticas y la evidencia científica, lo que alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de salud.
Renuncias en cascada y preocupaciones por preparación sanitaria
Tras la salida de Monarez, otros altos funcionarios de los CDC como Debra Houry, Daniel Jernigan y Demetre Daskalakis presentaron su renuncia, denunciando presiones indebidas y debilitamiento de los mecanismos de evaluación científica.
Houry advirtió que EE. UU. “no está bien preparado para enfrentar brotes de enfermedades ni pandemias futuras” si se debilitan las políticas de vacunación.
La crisis ocurre en paralelo a restricciones en el acceso a la vacuna contra COVID-19, lo que, según expertos, podría abrir la puerta al resurgimiento de enfermedades prevenibles.
📌 Dato clave: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas evitan entre 4 y 5 millones de muertes cada año en el mundo, y el cumplimiento de los calendarios infantiles es esencial para prevenir brotes de sarampión, polio y hepatitis B.
