En México, el desarrollo de la partería tiene una larga historia, comenzando con la práctica ancestral de las parteras tradicionales en casi todo el país. Pese a eso, ni las parteras tradicionales ni las profesionales han obtenido el debido reconocimiento ni un espacio de actuación claramente definido dentro del sistema de salud a la hora de llevar a cabo los partos.
Actualmente, el 96% de los partos en México se atienden en hospitales de segundo nivel. Esto ha provocado la saturación de los servicios, que no siempre cuentan con personal ni recursos materiales y financieros suficientes para brindar una atención materna de calidad.
En los partos se llegan a producir casos de violencia obstétrica
La excesiva demanda de servicios ha llevado a situaciones de maltrato a la mujer y su recién nacido, incluso llegándose a producir casos de violencia obstétrica. Asimismo, la presión también ha llevado a un uso rutinario de prácticas no basadas en la evidencia y a la excesiva medicalización de los partos.
Por ejemplo, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina en tasa de cesáreas, con un incremento de casi el 50% en los últimos 15 años.
Ya en el año 2016 (en el mes de junio) se aprobó una nueva versión de la Norma Oficial Mexicana 007, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención de la persona recién nacida. En ella se hace referencia específica a las parteras como prestadoras calificadas para la atención del parto de bajo riesgo obstétrico.
Se necesitan completar los avances con un modelo nacional de partería
Esta norma, junto con la aprobación (en el año 2011) de códigos laborales para la contratación de parteras técnicas, supone un logro enero hacia el reconocimiento de la partería. Asimismo, en el año 2014 se aprobó la “Guía práctica clínica: Vigilancia y manejo del trabajo de partos en embarazos de bajo riesgo”.
Aunque se hace necesario complementar estos avances con un modelo nacional de partería, así como con directrices operativas para instalarlo. Esto es debido a que la ausencia de un marco regulatorio específico de aplicación federal ha hecho que el desarrollo y la implementación de un modelo integrado por parteras quede en manos de iniciativas aisladas, las cuales, a menudo, enfrentan resistencias y son susceptibles a cambios de gobierno, liderazgos o prioridades personales.
