Aunque ha transcurrido poco más de un mes desde el inicio de la vacunación contra la Covid-19 en México, los resultados no han sido del todo satisfactorios. La principal molestia radica en el número limitado de dosis que han llegado y la lentitud para su aplicación. Mientras que la enfermedad se mantiene activa y el personal médico se mantiene en máximo movimiento para atender a todos los pacientes que lo requieren.
Resultados de las vacunas aplicadas en México
De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este momento se han aplicado 657 mil 842 dosis. De todas ellas se han presentado cinco mil 249 Eventos Asociados a Vacunación e Inmunización (Esavi). En la mayoría de los casos han sido efectos de intensidad mínima como mareos, dolor de cabeza, náuseas y otras reacciones leves.
Por su parte, la información oficial señala que sólo se tiene registro de 43 reacciones adversas graves. Mientras que de las ocurridas 41 de las personas afectadas ya se recuperaron y las dos restantes permanecen hospitalizadas.
Ahora bien, una de las estrategias para acelerar el ritmo de vacunación fue permitir que empresas privadas y los gobiernos estatales puedan comprar y aplicar la vacuna. La decisión fue dada a conocer por el gobierno federal aunque se especificó que se deben seguir ciertas reglas. Las principales son que se tienen que respetar a los grupos prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Vacunación Covid-19 y sólo se permiten inmunizaciones que hayan sido aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Prevenir el mercado ilegal de las vacunas
A partir de lo anterior han surgido dudas con respecto al manejo que se hará de los insumos. Existe el temor a una posible aparición del mercado ilegal. De hecho ya se han identificado algunas redes en internet que se dedican a la venta de vacunas apócrifas.
Para prevenir este tipo de delito, el gobernado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, presentó una reforma al Código Penal estatal.
Lo que se propone es que las personas que vendan, ofrezcan, comercialicen, distribuyan o transporten sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus Sars-CoV-2 y estén falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas serán sancionadas. El castigo contempla de cinco a siete años de cárcel. Aunque si el infractor es un profesional de la salud serían hasta 10 años y se le retiraría su cédula profesional.
De esta manera se busca evitar la aparición de este tipo de infracciones que podrían poner en riesgo la integridad de las personas. Aunque de momento es una propuesta a nivel estatal, podría ser adoptada en todo el país.
