El primer día de diciembre de 2020, un año terrible para el gremio médico, nos despertamos con una noticia que nos daba algo de esperanza: la CNDH había emitido una recomendación (70/2020) con relación al caso del médico urgenciólogo Grajales Yuca, en la cual detallaba que la fiscalía general del estado de Chiapas había violado diversos derechos humanos del médico. Por fin alguien nos daba la razón.

La esperanza duró poco, una semana después nos enteramos de que había desaparecido una doctora en Durango. La noticia era trágica; en nuestro país todos los días desaparecen personas ante la indiferencia de la autoridad. Algunos pensaban lo peor. La sorpresa nos llegó el día ocho de noviembre, ya que la doctora, al parecer, había sido detenida e incomunicada de manera ilegal por la autoridad del estado. La información fue llegando poco a poco y nos asaltó una sensación de deja vu que nos recordaba al caso del doctor Grajales Yuca. Otra vez, un médico que se encontraba luchando en primera línea contra el COVID era acusado, detenido y llevado a prisión en tiempo récord. Al gremio médico nos sorprendió la rapidez de las autoridades, ya que cuando agraden al personal de salud o son víctima de algún delito, las autoridades permanecen indiferentes o actúa con una lentitud pasmosa. A las pocas horas la situación era evidente, nos encontrábamos ante otro probable caso de corrupción, tráfico de influencias y una justicia penal que sólo defiende a una casta de políticos y abandona al resto de la población. Al parece las cosas se habían hecho de manera rápida y violando los derechos de la doctora debido a que se encontraban involucrados personajes influyentes y no simples ciudadanos de a pie.

En la noche apareció un video de la Fiscal del estado de Durango en dónde informa que a la doctora se le acusa de homicidio calificado en grado de tentativa. La versión resulta inverosímil y nefasta; supuestamente la doctora fue en la madrugada a “deconectar” a su víctima, como si tratara de un aparato electrodoméstico. Además, la fiscal dice que la doctora traía una jeringa con un fármaco misterioso. ¿La doctora iba a “desconectar” al paciente y después lo iba a medicar? ¿En serio? No parece una explicación plausible, pero en este país sabemos que las autoridades pueden hacer lo que se les de su gana y no se preocupan por ser razonables o lógicas. En la misma conferencia aparece un sujeto que parece ser representante de la Institución de Salud en dónde trabaja la doctora. Usa su tiempo para aclarar que está colaborando con la fiscalía, pero no dice nada de que estén apoyando a la doctora, su familia o que ella es inocente hasta que se declare su culpabilidad. Lo importante para ese sujeto es que vean que está del lado del fiscal y de los poderosos, la doctora no le importa en lo más mínimo.

En el gremio médico estalla el escándalo. Vemos a los valientes compañeros de la doctora parados en la calle diciendo que no se van a quedar de brazos cruzados, que van a hacer huelga. El resto de los médicos del país se indignan. Las autoridades mientras tanto se ríen, porque saben que su función es defender a una pequeña casta de políticos y personajes influyentes del resto de la población. No está ahí para velar por la seguridad de la población, sino para que a nadie se le ocurra tocar a los poderosos.

El caso del doctor Grajales y la doctora Calvillo son muy similares. Un delito increíble, una investigación y aprehensión inmediatos, violación a derechos humanos, personajes influyentes de por medio, instituciones de salud que hacen lo posible por desentenderse de sus médicos y al final la indignación del gremio médico.

Me entero que la doctora Calvillo tiene una hija pequeña y me pregunto: ¿Cómo le va a hacer la doctora para convencer a esa pequeña de que el día de mañana estudie medicina? Como le va a decir eso si una noche su madre no llegó de trabajar porque el gobierno la secuestró. ¿Este país queremos? Compañeros, estamos llegando al final de la partida, estos no son casos aislados, los gobernantes de manera sistemática están atacando al personal de salud. Este año han muerto miles de nosotros y las autoridades se siguen riendo en nuestra cara.

Al final, un video de la doctora Calvillo, quien es liberada en la madrugada de la prisión. La gente la espera afuera (al igual que pasó con el doctor Grajales Yuca), gritan: ¡Sí se pudo! La gente está con ella. La doctora abraza a alguien y se escucha el llanto de una persona desesperada, que no entiende como las cosas llegaron a eso. El gobierno, autoritario, en un gesto de clemencia hipócrita, la deja en libertad mientras lleva su proceso. Por la mañana, el gremio médico se tranquiliza un poco, pero sigue enojado. Las doctoras y los médicos en todo el país se preparan para luchar otro día más en contra el coronavirus, pero por dentro están hartos de la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencia, la incompetencia, la violencia. Se preguntan: ¿Cuánto más?

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Mauricio Sarmiento tiene un despacho jurídico en el que se ofrece asesoría a médicos o personal de salud en temas de derecho médico y responsabilidad civil. Escritor de En la Residencia Médica.