Derecho y salud son palabras hermanas y es que, para que un país funcione, ambas deben emparejarse en sus leyes fundacionales. Aunque el artículo 4º constitucional estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, en México las cifras son algo que alertan y es que, por ejemplo, en el año 2012, unas 25,3 millones de personas no contaban con acceso a la salud y 47,8 millones estaban afiliadas al seguro popular.

Las cifras no paran de empeorar y ya en el año 2017, el 57% de la población ocupada de México trabajaba en la informalidad y ya más de 30,2 millones de personas no tenían acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En materia de leyes y salud existen varios retos

En México, en materia de derecho y salud existen varios retos y es que las mallas de seguridad en el país son tan desiguales como el reparto del PIB. Así que para ello se creó el Seguro Popular, destinado a la gran proporción de ciudadanos que no son derechohabientes de cualquier institución pública, aunque es cierto que su cobertura es bastante estrecha y son varios los problemas que sufren sus afiliados.

Otro problema es qué servicios se van a ofrecer y a quiénes. En el caso del Seguro Popular, por ejemplo, solo aplica tratamientos contra leucemia a menores de 18 años; así que si un paciente, que se encuentra en ese procedimiento llega a la mayoría de edad, queda fuera del padrón. Este es solo un ejemplo de las injusticias que suceden en el sector salud en la actualidad.

Se ha aprendido y logrado mucho en la última década

Es por ello por lo que las decisiones sobre la salud de los mexicanos surgen de un marco ético y este debe reflejarse en las leyes. Este punto de partida lo que hace es crear dilemas en un sistema de recursos escasos: elegir entre un paciente grave o a uno menos grave para prevenir que empeore es una decisión rutinaria entre los trabajadores del sector. Por ello, se necesitan objetivos claros y evaluables para saber si se están logrando los objetivos. Esto incluye decidir cuánto se va a gastar, en qué y cómo se van a recaudar esos fondo.

Como sociedad, los mexicanos carecen de información sobre su derecho a la salud, desconocen el funcionamiento de este sector y solo se interesan por la atención hospitalaria cuando su cuerpo falla y queremos hacer efectivo el artículo 4 constitucional. Aunque no todo es pesimismo en este panorama sectorial y es que mucho se ha aprendido y logrado en la última década pero el problema radica en todo lo que queda por hacer mientras el tiempo pasa.