Una paramédica y un policía son de los primeros sancionados en el Estado de México con la “Ley Ingrid”. Esto, tras haber tomado imágenes del cadáver del actor Octavio Ocaña, con sus teléfonos celulares.
Marcelina “N”, paramédica, presentará una garantía económica de cinco mil pesos
El julio del año pasado la legislatura mexiquense hizo las adecuaciones para sancionar a servidores públicos que toman, difunden y divulgan imágenes de cuerpos.
Los servidores públicos están involucrados en el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Por lo que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) con sede en Tlalnepantla determinó lo anterior y decidirá en 144 horas si los vincula o no a proceso.
Marcelina “N”, paramédica, presentará una garantía económica de cinco mil pesos y el policía Raúl “N”, de ocho mil pesos, pues siguen su proceso en libertad. El próximo 21 de marzo se resolverá su situación jurídica.
Según los datos, el 29 de octubre, Marcelina “N” y Raúl “N”, hicieron uso de sus teléfonos celulares fuera de lo permitido.
¿Pero cómo se aplica la Ley Ingrid a los paramédicos?
La llamada Ley Ingrid, penaliza la difusión de imágenes, videos, documentos o información de víctimas. Y aumenta en agravante si esto se refiriera a mujeres, niñas o adolescentes.
Cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia. Así como de SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA la penalización aumenta. En este caso aplica a todo el personal médico que labore dentro de México.
“Lo que pretende esta ley es asegurar que la información personal relacionada con una muerte esté protegida y no pueda ser publicada”, explicó Arturo Argente Villarreal, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec Campus Toluca
¿Qué dice la Ley Ingrid?
El especialista comentó que “Ley Ingrid” al igual que la “Ley Olimpia” no son una ley como tal. Sino que hacen referencia a modificaciones del “Código Penal del Estado de México”.
Esta modificación contempla la incorporación de artículos, en este caso, el 227 Bis, cuyo objetivo es evitar la exposición de las personas ante los medios.
Esta protección se enfoca en proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización.
“Lo que pretende esta ley es asegurar que la información personal relacionada con una muerte esté protegida y no pueda ser publicada”.
Se sancionará a las personas y servidores públicos que realicen dichas acciones. según lo dice la Ficha técnica de la “Ley Ingrid” publicada por el gobierno federal.
El artículo antes mencionado, inicia con la especificación de las acciones que incurren en delito:
“al que por cualquier medio, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe.
y especifica el tipo de contenidos: “imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan”.
Cualquier evidencia que llegue a difundirse será sancionada de acuerdo al procedimiento penal
Finaliza con las penalizaciones: “se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Ante esto, Arturo Argente expone: “Aquí estamos hablando de los derechos de la víctima, cualquier evidencia que llegue a difundirse será sancionada de acuerdo al procedimiento penal.
Lo que pretende es asegurar que la información personal de una muerte esté protegida y no pueda ser publicada como consecuencia de una filtración“, comentó el especialista.
¿Cómo surge la Ley Ingrid?
De acuerdo con la ficha técnica de la Ley Ingrid, surge a raíz de la difusión en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020.
Posterior a ello, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó una iniciativa para adicionar el artículo 293 Quarter del Código Penal de la Ciudad de México.
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